Este fallo resulta muy interesante dado que condena solidariamente a los directores de las empresas demandadas frente a un caso de deficiente registración.
Para la procedencia de la acción de responsabilidad prevista en el art. 59 de la ley 19.550, se requiere la existencia de daños y perjuicios en relación de causalidad con la acción u omisión ilícita.
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